Uno de los mayores logros de la guerra contra las drogas es discursivo. Los más de sesenta años de prohibición han resultado en la hegemonía de unos argumentos que -camuflados de propaganda- impiden un debate adulto y sosegado sobre qué son las drogas y el reconocimiento de sus diferentes usos. Darse cuenta de esta realidad es análogo a elegir la pastilla roja de la mano de Morfeo. Los discursos no son algo externo y pasivo, sino que viven y se transmiten por medio de todas y cada una de nosotras. Lo delicado del asunto es que algunos de esos discursos conllevan graves consecuencias.

El hecho que Albert Tió y otro miembro del desaparecido CSC AIRAM estén en la cárcel es una consecuencia del imperio del discurso prohibicionista. Lo que hacen imperios ante los insurrectos, es quitarlos del medio. Antaño fueron brujas, indígenas, comunistas, homosexuales, mujeres, terroristas y, desde 1961, lo son las personas que se relacionan con las drogas, en este caso, cannabis.

Las estrategias y tecnologías para quitar a alguien del medio no han dejado de transformarse a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que de alguna forma ha permanecido es el mecanismo que articula la exclusión. Hablamos del chivo expiatorio, que es la denominación que recibe una persona (o grupo) a quien se quiere hacer culpable de algo con independencia de su inocencia, sirviendo así de excusa a los fines del inculpador.

Los intereses del inculpador -en el caso que nos ocupa- el Estado español, están cristalizados en el Código Penal, la ley Mordaza, la ley de Estupefacientes, la Ley de Tráfico, etc. y, por lo tanto, en última instancia dependen de la percepción social y del sentido del voto de las personas que a él tienen derecho.

El reto de derribar el gigante con pies de barro de la prohibición empieza por uno/a mismo/a. Cada persona debe hallar cuál es el poso, la herencia, del discurso prohibicionista que él o ella reproduce, quizás, sin darse cuenta. Es habitual que un bebedor sienta desprecio hacia quien consume cannabis. También es común que quien consume cannabis tenga prejuicios sobre quien inhala cocaína o deglute éxtasis. Es más, quien consume cocaína, seguramente siente repulsión hacia quien se inyecta heroína y, así, el discurso prohibicionista sigue su curso y se retroalimenta a base de un gran malentendido que oculta intereses o privilegios muy asentados.

Que alguien acabe con una condena larga de prisión por cultivar una planta perseguida es delirante. En nuestros días, representa un extremo de la cadena de injusticias que conlleva vivir en una sociedad donde el control de las drogas se da por vía penal. Antes del extremo de la cárcel, existen múltiples mecanismos de control: hay castigos, sanciones, multas, broncas, mentidas, chistes, persecuciones y estigmas de todo tipo, que son legitimados por diferentes interpretaciones del concierto prohibicionista. Lo fabuloso del tema es que, en su mayor parte, estos mecanismos de control no son ejercidos ni por la policía ni por los jueces sino, como se ha dicho antes, por todos y cada uno de nosotros. Los poderes del Estado son la punta del iceberg, pero debajo hay toda la ignorancia y confusión que han generado sesenta años de discurso prohibicionista. La mayor parte de las cosas que sabemos sobre las drogas o son mentidas o están sesgadas. La discusión se mantiene interesadamente sobre arenas sensibles, como “los jóvenes” o “la evidencia científica” para desacreditar al contrincante, para no darle espacio para dar explicaciones complejas y matizadas ante un fenómeno que lo es.

Es urgente colapsar el discurso prohibicionista. Debemos cortocircuitar un sistema que mantiene a personas como Albert Tió entre rejas. Los delitos de drogas se conocen como “delitos sin víctima”. Es un sinsentido. Quien vende y quien compra están de acuerdo en la transacción. ¿Qué pinta papa Estado en medio?

Hasta hace poco no teníamos evidencias a gran escala (estadísticas) de que la legalización no acabaría en el apocalipsis zombi que los prohibicionistas siempre han predicado. Pero las cosas están cambiando rápidamente, en los países donde se ha legalizado los resultados hablan por si solos y ya no hay vuelta atrás. La legalización de las drogas, refuerza la salud democrática de la sociedad y las arcas públicas. Además, vacía las prisiones, allí donde Albert nunca debió entrar. En nuestro contexto, para quien crea vivir en una sociedad moderna y con una democracia avanzada el ejemplo de Albert le debería hacer recapacitar.

La sociedad civil organizada, en el Estado español, ha creado una de las alternativas a la prohibición más únicas y ejemplares de todo occidente. Una forma dirigida por la comunidad donde el beneficio no debería ser el principal objetivo, sino los derechos de las personas que lo integran. El modelo de Club Social de Cannabis (CSC) lleva años siendo exportado por todo el mundo y aquí se encarcela a las personas que lo lideraron. El Partido Popular en connivencia con el PSOE han saboteado por tierra, mar y aire a quienes representaban el mundo de los CSCs. Si Podemos no aprovecha el siguiente año de legislatura para forzar una legalización del cannabis, será cómplice de la oscuridad en la noche más larga para el modelo de CSCs en el Estado español. Hagamos lo imposible para defender nuestros derechos y la libertad de todos los represaliados.

Ànims Albert!!

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