Albert Tió, cargo directivo de una asociación cannábica y presidente de la Federación Catalana de Asociaciones Autoreguladas entrará en prisión el 18 de noviembre, convirtiéndose así en el primer preso político por cannabis de España. En el marco de la campaña “Consumo con Derechos“ dio una rueda de prensa ayer martes 10 de noviembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que pidió que se detenga su encarcelamiento.

La jurisprudencia de los derechos del consumo personal, la dirección de los fallos judiciales que se toma como referencia para próximos juicios, ha ido involucionando a falta de una regulación que ampare los derechos al consumo personal seguro por parte de un 2% de la población española, que es usuaria diaria.

Estos derechos venían siendo reconocidos desde 1973, pero tienen un punto de inflexión en 2015, cuando los primeros avisos de represión, absolución de por medio, hicieron retirarse al portavoz vasco de la Confederación de Asociaciones Cannábicas, Martín Barriuso, de la primera línea y su actividad asociativa con Pannagh.

¿Cómo han sido los castigos?

Barriuso vio una cuantiosa sanción económica salvada por un recurso al Constitucional que determinó el error de forma en el proceso y pidió al Tribunal Supremo considerar un error de prohibición, que finalmente se aplicaría. Pero esta sentencia no cuestionaba los delitos contra la salud pública, de asociación ilícita y de organización criminal, antes propios del tráfico, alegando que el tamaño de la asociación no podía reconocerse como supuesto de consumo compartido, la suma de los autoconumos asociados.

Luego vendría el juicio a Fernanda de la Figuera este diciembre de 2019, amparada para autocultivar por la justicia con dos absoluciones previas, que se saldaría con 9 meses y 10.000 euros después de ser la causa cannábica más popular que ha tenido España estos últimos años, con varias apariciones en televisión.

De la Figuera era la cultivadora de Marías por María, una asociación malagueña terapéutica de mujeres. Ella misma era usuaria medicinal y todo junto le valió que fuese desestimada la “notoria importancia” del caso, pero esta vez se descartaría el error de prohibición, considerando que se podían haber adoptado más medidas de “vigilancia” para evitar “transgresiones de la legalidad”. Delito contra la salud pública para la abuela.

Albert Tió no contará con el recurso al Tribunal Constitucional con el que contó Barriuso, que ya fue desestimado en su momento, negándole la posibilidad de protestar por la inconstitucionalidad de la vulneración de sus derechos, y ahora el activista depende de las vías del indulto o el recurso a Estrasburgo, al Tribunal de Derechos Humanos. El futuro preso político ha reconocido errores, pero como bien expuso uno de los abogados de su defensa durante la rueda de prensa, estaríamos hablando de errores del tipo administrativo, no penal.

En su caso, son 5 años por delitos de asociación ilícita, pese a que estaba registrada y con los permisos en regla, y contra la salud pública, pese a que Tió desarrollaba una tarea de reducción de daños y riesgos que, lejos de incentivar el consumo de cannabis por nuevas personas como el delito prejuzga, mejoraba las condiciones de salud en quien ya lo consumía. Por no hablar de que se da seguridad en el acceso de manera alternativa al mercado negro y no se contribuye a este.

El Plan Nacional de Drogas pone en práctica desde el estado planes y financiación con la filosofía de la reducción de daños en drogas que tienen más consumos problemáticos que el cannabis, aceptando tácitamente en la técnica que esta es la política adecuada en la aproximación a las drogas, lejos de una persecución, abandono y desconocimiento que pueda contribuir a los problemas de adicción.

En el cannabis, dado que es la droga de uso más común en España, consumida a diario como decimos por 2 de cada 100 españoles que también tenemos derechos, personas como Tió, integradas en asociaciones cannábicas solventes que no reciben financiación por el estado, dan una respuesta social asociada allí donde la administración no existe. Si la justicia interpreta que esta tarea no se lleva a cabo adecuadamente, debería girar el foco de la responsabilidad al legislativo, como ya ha ocurrido en otros países latinoamericanos.

Que su actividad sería totalmente legal bajo la Ley Catalana de Asociaciones que él mismo impulsó junto a partidos políticos y colectivos merecía la consideración de un error de prohibición que se deja de aplicar, pese a que existe un nuevo supuesto regulatorio. Esto es judicialmente gravoso para el movimiento asociado, al ser castigado ideológica y prejuiciosamente con los tipos penales del crimen.

Cataluña pone actualmente en práctica el proyecto de su departamento de Salud Rdr cannabis, llevado desde la administración por la también presidenta federativa y homóloga de Tió, Patricia Amiguet, que genera materiales para mejorar la reducción de daños que ya practicaban las asociaciones, pero a las que el bloqueo competencial con la regulación del cannabis impide dar más protagonismo.

Albert Tió

“Tengo 53 años y 3 hijos menores. Y tengo que entrar en prisión la semana próxima, junto a dos miembros de la misma Junta de la Asociación Airam por una condena de 5 años. Nuestro delito es cultivar para las personas socias en el marco de lo que era una realidad totalmente aceptada y administrativamente tolerada, tal y como expresaba el mismo tribunal que nos condenaba“.

Joan Bertomeu, abogado de la defensa por Brotsanbert

“Buscamos que el TEDH reconozca que ha habido vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento ya que no se ha realizado un juicio de proporcionalidad en las condenas impuestas“. De hecho, explica que en la sentencia condenatoria se reconoce la permisividad administrativa y la aceptación social de la conducta de la Junta de la Asociación Airam.

José Afuera, portavoz de ConFAC

“Las asociaciones cannábicas han llevado a la práctica una política de protección de la salud de las personas usuarias alejando a los consumidores del mercado negro. Ahora, cuando el mundo se está planteando la regulación del cannabis, ¿Cómo es posible que las sentencias sean más prohibicionistas que las de hace 20 años?».

Sònia Olivella, abogada integrante

“No dotar de un marco jurídico a los consumidores de cannabis y asociaciones genera situaciones como la de Albert Tió y la de tantas personas que están en situaciones parecidas pero que no se han visibilizado suficientemente. Se ha de generar un marco regulador, superar la política de criminalización. Así lo exigen también los mas de 15.000 firmantes de la solicitud de indulto para Albert“.

Felipe Ibañez
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