Desde la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña (Fedcac), os queremos anunciar la noticia de la concesión del tercer grado a la junta directiva de la asociación Airam de Barcelona, ​​condenada a 5 años de prisión, por un cultivo destinado al autoconsumo compartido de las personas socias de la asociación.

Albert Tió, presidente de Fedcac, junto con Víctor Segués, ex-secretario y ex-tesorero de Airam respectivamente, llevan ya 4 meses en la prisión de Lledoners, donde siguen internos, pudiendo salir desde algunas semanas de forma diaria, tanto para trabajar, como para cumplir con los trabajos en beneficio de la comunidad, que tenían pendientes antes de entrar el pasado 18 de Noviembre.

Cada tarde deben volver para dormir en la cárcel, y así seguirán haciendo mientras dure su clasificación en tercer grado, como mínimo, hasta cumplir la mitad de su condena.

Consideramos sus condenas, del todo injustas y desproporcionadas, así como todas las condenas recibidas a juntas de asociaciones cannábicas, para cultivar para las personas socias, siguiendo el código de buenas prácticas, bajo criterios de salud y prevención de riesgos y daños, ya que ni ellos, ni ninguna de las personas condenadas por este motivo, son delincuentes, sino que han ayudado a mucha gente, tanto a pacientes que hacen un uso terapéutico, como  a usuarias que hacen un uso adulto responsable, defendiendo sus derechos y libertades.

La suya es una condena más, pero ellos han querido hacerla visible para denunciar la represión, persecución, criminalización y estigmatización del movimiento asociativo cannábico en general, y de las usuarias y autocultivadoras para autoconsumo, individual o colectivo, en particular.

Desde que la Audiencia Provincial de Barcelona les condenó, ellos decidieron agotar toda la vía judicial para intentar llegar hasta el final, en lo que consideramos una defensa de los derechos humanos. Presentaron un recurso al Tribunal Supremo, que ratificó la pena. Se presentó un recurso al Tribunal Constitucional y éste ni siquiera lo admitió a trámite. Se ha presentado un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual ha sido inadmitido a trámite, aunque se planteaba una vulneración clara de derechos y que se planteaban cuestiones no resueltas por este Tribunal, dejándolos sin respuesta y dejando de abordar una realidad social existente. Se pidió el indulto al Gobierno y, tras más de un año, aún no han tenido respuesta, ni en un sentido ni en otro.

La Junta directiva de Airam trabajó la incidencia política desde nuestra federación, junto a la Catfac, la otra federación catalana, consiguiendo, con el apoyo de otros colectivos y equipos jurídicos, activar la campaña La Rosa Verde que, a través de una ILP, propuso una ley que regulaba el funcionamiento de las asociaciones cannábicas, avalada por más de 65 mil firmas, discutida en comisión con expertos y aprobada el 2017 con el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Cataluña.

En otras comunidades autónomas han desarrollado procesos similares que han terminado, como en Cataluña, con las leyes aprobadas en diferentes parlamentos como el de Navarra, tumbadas por el Tribunal Constitucional a instancias de recursos del gobierno del PP, motivadas por falta de competencias, al igual que otras leyes sociales catalanas.

Desde Fedcac hemos hecho el trabajo a nivel autonómico y ya hemos visto de qué nos ha servido. Sabemos que hay partidos a favor de una regulación, algunos medicinal y otros integral, pero creemos que este consenso está siendo muy difícil de conseguir para poder materializar una regulación/legalización a corto plazo, mientras el poder judicial está enviando a prisión a las personas que la estamos defendiendo y llevando a la práctica, demostrando los beneficios hacia la sociedad de una regulación medicinal, por un lado, a nivel sanitario, por compasión y dignidad de las personas enfermas y de una regulación del uso adulto, mal denominado recreativo, para la generación de actividad económica directa e indirecta, la recaudación de impuestos y la creación de puestos de trabajo, que la experiencia en otros países y diferentes estudios están demostrando y que consideramos temerario desaprovechar, en la actual situación de crisis sanitaria, económica, social, política y ecológica.

Responder a estas alturas que no hay evidencia científica, cuando sí la hay y ya hay países que se están enriqueciendo y saneando sus economías, mientras en nuestro país se reprime y acabamos en prisión por defender un estilo de vida legítimo, aparte de ser una irresponsabilidad, sí consideramos que es una temeridad que va en contra de los intereses de toda la sociedad.

Por ello, denunciamos el bloqueo y la eternización de este proceso de regulación/legalización por el que tanto hemos trabajado y que tanto esfuerzo y sacrificio está costando, con sufrimiento para muchas familias totalmente destruidas por encarcelamientos del todo innecesarios.

Seguiremos trabajando para hacer ver a la clase política, que sigue muy ocupada en sus peleas y competencias electorales, que lo que consideran un problema, puede ser la solución.

Pero también seguiremos trabajando por la unificación de un movimiento y un sector atomizado, para unir fuerzas en un objetivo común. Esta es una lucha global, por la libertad, los derechos humanos y la dignidad y, como tal, nos unimos a cualquier movimiento similar en el ámbito internacional y buscaremos alianzas para seguir en esta línea a nivel europeo.

Queremos aprovechar la fuerza y la exposición de las personas represaliadas para dar voz a este movimiento y seguir luchando por lo que consideramos justo.

Salud y Fuerza

Sergio Molina
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